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Prioridad es establecer tres iniciativas legislativas para discusión inmediata: definición de infraestructura crítica, la tipificación del delito y protección de datos personales.
El 3 de agosto, el Presidente Sebastián Piñera anunció la figura de un nuevo colaborador para el Gobierno: el delegado presidencial para la ciberseguridad. Esto, luego que el 25 de julio fueran afectados los datos de más de 14 mil clientes bancarios en el país, lo que evidenció falencias de la actual institucionalidad.
El delegado es Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno de Piñera, quien junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, iniciaron los trabajos para la nueva normativa legal. En ese contexto, esta semana se reunieron en La Moneda con el secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), Francisco Pérez Bes, dependiente del Ministerio de Economía de ese país, y se adelantó que se firmará un convenio con esta entidad, que es un referente de la ciberseguridad en toda Europa.
Al respecto, Jorge Atton destaca que su plan inmediato es "priorizar la estrategia de implementación de la política de ciberseguridad y, lo más relevante, implementar las acciones correctivas más urgentes", con la colaboración del Incibe.
Expertos internacionales coinciden en que un ciberataque grave a un país puede apuntar a su infraestructura crítica, como los servicios básicos y las telecomunicaciones. Entonces, la idea es que el Incibe apoye el envío al Congreso de tres iniciativas de ley prioritarias: definición de la infraestructura crítica, tipificación de los delitos cibernéticos y protección de datos. Para ello, se generarán acciones vinculantes con el sector privado y la ciudadanía, de tal manera de mejorar los niveles de ciberseguridad institucionales, pero también sobre el rol que las personas tienen en esto. "Esa es la importancia de este convenio, que nos trasmitan su experiencia en la implementación y adecuación de las leyes que ellos ya hicieron. Para nosotros son muy importantes las experiencias en España y la UE", explica Atton.
Otro tema clave es conocer la experiencia española en la definición de la infraestructura crítica y sus exigencias de niveles de seguridad, la institucionalidad, la organización de los equipos para enfrentar las emergencias.
La gestión del delegado también apunta a que en este proceso la ciudadanía se involucre, tal como sucedió en la experiencia ibérica: "Una de las mayores tareas que ha tenido España es la educación a la población sobre cómo cautelar sus datos personales", comenta Atton.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, destaca que este convenio "nos va a permitir no solo asesorías en los proyectos de ley que estamos trabajando, sino que también poder visualizar la forma de cómo podemos organizar las distintas unidades técnicas que mejoren nuestros estándares de ciberseguridad".
Idea que reafirma el senador (PPD) integrante de la comisión de Seguridad, Felipe Harboe, quien califica como "una buena medida" el convenio, ya que "España tiene mucha experiencia. Lo importante es que el delegado (presidencial) tenga un plan de trabajo para pedirle a España información y ayuda".
Francisco Pérez Bes destaca que ya pueden verse "avances claros en esta materia en el país", como la ratificación de Chile de la Convención de Budapest, el nombramiento de un asesor presidencial y el impulso de "legislación específica que afecta a temas relacionados con la protección de infraestructuras públicas o de los datos de carácter personal".
Respecto de la nueva legislación penal, detalla que se deberá regular actuaciones delictivas que se cometen a través de nuevas tecnologías, "como el acceso a sistemas de información o la defraudación en las telecomunicaciones". También se deben atender delitos ya regulados, pero "a los cuales deberá añadirse el supuesto de que se aprovechan de las nuevas tecnologías para causar daño".
Sin embargo, asegura que no basta solo con introducir estas nuevas figuras delictivas, ya que debe ir acompañado de "una modificación de la normativa procesal penal, que permita asimismo una investigación tecnológica eficaz en la lucha contra los ciberdelitos".
En este tema, la Cancillería chilena participa en la Mesa de Cooperación Interministerial de ciberseguridad, integrada también por Interior y Defensa. "Hemos visto cómo algunos acontecimientos han vuelto a poner este asunto sobre la mesa. En la Cancillería estamos trabajando para que, junto a países amigos, podamos avanzar en conocimiento del tema", comentó el ministro Roberto Ampuero.
PRESTIGIOEl Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) es un referente en Europa.
''Esa es la importancia de este convenio que vamos a firmar, que nos transmitan su experiencia en la implementación y adecuación de las leyes que ellos ya hicieron". JORGE ATTON Delegado presidencial para la ciberseguridad.
''Esto es el inicio de un proceso, vienen nuevas colaboraciones internacionales, porque nuestras alianzas están con Europa y Estados Unidos". RODRIGO UBILLA Subsecretario del Interior.
''El modelo de gobernanza español en ciberseguridad es un caso de éxito, que puede inspirar a otros países para diseñar una estructura adecuada a sus necesidades". FRANCISCO PÉREZ BES Secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.
''En este como en otros temas, la Cancillería debe ponerse a trabajar y al servicio de las necesidades de nuestro país y de todos los chilenos". ROBERTO AMPUERO Canciller chileno.
